El Gobierno de Chávez se ha caracterizado por trabajar en varios frentes a la vez para llegar a su meta: La construcción de su Socialismo del Siglo XXI.
Unas veces el frente es confundir, rodear o aniquilar a los “enemigos” de su revolución, llámense cómo se llamen. En otras oportunidades es dar un paso adelante hacia el neocomunismo que busca implantar. Y en muchas más ocasiones es para ocultar errores y omisiones de su obsoleto y arcaico proyecto político.
En el caso del ataque en contra de las empresas arroceras, como en muchos otros casos, el Gobierno apuntó a matar a tres pájaros de un solo tiro.
Desde un frente se atacó al sector empresarial. Para Chávez éste es uno de sus principales “enemigos”, de allí que lo haya coartado, controlado y casi destruido durante toda una década. En otro frente limitó el derecho a la propiedad privada y a la libre empresa. El mandatario quiere imponer un colectivismo a ultranza, para sustituir la propiedad privada, por la propiedad del Estado, la propiedad social y la comunal.
Vale recordar que la justificación esgrimida para la “toma” de las arroceras era que las mismas no estaban produciendo las cantidades “adecuadas” del arroz blanco que tiene el precio regulado, lo cual había ocasionado el desabastecimiento del producto. Ese argumento se cae por su propio peso porque, como es bien conocido, las industrias arroceras estaban trabajando dentro del marco legal existente, y segundo, porque el Gobierno es quien controla el 46% del mercado nacional, suficiente para garantizar el abastecimiento.
También es oportuno señalar que la punta de lanza en la campaña publicitaria emprendida para defender las acciones del Gobierno en contra de las Empresas Polar y de Cargill de Venezuela, era desprestigiar al sector agroalimentario aduciendo que al privilegiar la venta de productos con precios no regulados, éste obtiene márgenes de ganancias exagerados en perjuicio de los más pobres (léase la empresa privada es la “hambreadora” del pueblo).
Pero, según algunos analistas, en el caso de las arroceras, desde el tercer frente se apunta al objetivo más importante: Ocultar la ineficiencia y la galopante corrupción del Gobierno y PDVAL.
Esta presunción se basa en tres denuncias. 1) Que el Gobierno tiene entre 200.000 a 300.000 toneladas de arroz blanco en silos del Estado, que no han sido entregados a los agroindustriales por supuestas fallas de calidad y otras razones no especificadas. 2) La información que trajo Descifrado la semana pasada referente a la exportación de 470 toneladas de arroz blanco a la Habana, algo que no se explica en momentos que se aduce escasez del producto. Y 3) que las estatales Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) y PDVAL tienen sin desaduanizar una gran cantidad de productos importados, algunos de ellos perecederos, lo que podría ocasionar grandes pérdidas a la nación.
Tal parece que la máxima de este Gobierno es ¿qué importa la trampa, el engaño, la ruina del país, el hambre del pueblo, la exclusión de gran parte de la población, o la manipulación de la Constitución y las leyes si su neocomunismo avanza?

• Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.